Han pasado más de 22 años de esfuerzos por la formalización minera y la extensión de plazos ha demostrado que no es la solución. La ampliación del REINFO no garantiza su viabilidad ni el desarrollo sostenible como manda nuestra carta magna.
Desde el Observatorio de Minería Ilegal (OMI), expresamos nuestra profunda preocupación ante la inminente ampliación del proceso de formalización minera integral y del REINFO sin garantizar mecanismos efectivos de control ni atender los efectos negativos que estas decisiones pueden generar. Es crucial que cualquier normativa sea equitativa, respete el Estado de Derecho y beneficie a toda la ciudadanía, no solo a intereses particulares.
El Congreso de la República tiene el deber de legislar para todos los sectores, recogiendo las voces de quienes se ven afectados por las actividades mineras, especialmente las comunidades campesinas e indígenas que enfrentan las consecuencias ambientales, sociales y económicas de la minería ilegal.
Bajo el disfraz de informalidad y sin regulaciones adecuadas se ha venido perpetuando prácticas ilegales, poniendo en riesgo nuestra Amazonía, nuestro ambiente y nuestra Constitución, que garantiza el derecho a un ambiente sano y equilibrado. Cada vez son más comunidades, agrupaciones y pobladores que vienen denunciando estas malas prácticas de las que son víctimas.
Lo que se requiere son propuestas integrales que aseguren el cumplimiento de las obligaciones de todos los actores involucrados, promoviendo una minería verdaderamente formal, sostenible y enmarcada en la ley.
Como colectivo que busca proteger los intereses de todos los peruanos y peruanas, instamos a:
- Que los congresistas legislen con visión de país y responsabilidad social, construyendo un marco normativo que represente los intereses de toda la nación y proteja nuestro patrimonio natural.
- Responsabilizar a cada uno de los/as congresistas que voten por ampliar el REINFO por todos los efectos negativos que esta decisión conlleve. Ellos serán considerados como promotores de la minería ilegal disfrazada de informal, responsables de atentar contra el Estado de Derecho y contrarios a intereses de nuestra Patria, violentando la Constitución de manera particular el derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado, además de ir en contra de la Amazonía. La ampliación del REINFO no es sinónimo de viabilidad ni garantiza el desarrollo sostenible.
- A la ciudadanía a mantenerse vigilante y a expresar su rechazo a cualquier medida que ponga en riesgo el Estado de Derecho y el bienestar común
Desde el OMI, estaremos atentos y comprometidos con la defensa de nuestra Amazonía y del ambiente, y continuaremos informando sobre el impacto de las decisiones que afectan a nuestras comunidades y al país en su conjunto.
