El pleno del Tribunal Constitucional (TC) analizará este martes la demanda de inconstitucionalidad contra la ley que extiende el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). La audiencia está fijada para las 9.15 am. Sin embargo, el Congreso insiste en ampliar su vigencia, pues ese mismo día, a las 2.30 pm, la Comisión de Energía y Minas ha programado debatir los proyectos que buscan que el REINFO continúe de manera indefinida, lo que consagra la impunidad de operaciones mineras que atentan contra la ley y el medio ambiente.
La demanda ante el TC ha sido presentada por el Colegio de Abogados de Loreto y cuenta con el respaldo de un informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos, Marcos Orellana, donde se detalla la problemática de la pequeña minería aurífera.
La demanda presentada ante el máximo organismo constitucional solicita:
- Que se declare inconstitucional el artículo 2 de la Ley N° 31388, que prorroga la vigencia del proceso de formalización minera integral.
- Que el proceso de formalización minera integral NO siga vigente.
- Que se exhorte al Congreso de la República a NO continuar creando nuevos plazos ni prorrogando sucesivamente la inscripción al Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), ni la vigencia del proceso de formalización minera integral.
Las consecuencias nefastas del REINFO
El régimen de formalización minera lleva 22 años, y más que poner en orden al sector, ha traído impactos devastadores sobre el medio ambiente y otros derechos fundamentales. No ha promovido la formalización minera: por el contrario, ha provocado el crecimiento de los centros de explotación minera ilegal. Para acogerse al REINFO solo basta una declaración jurada que no conlleva a ninguna responsabilidad administrativa, civil o penal. Casi una carta blanca para explotar oro al margen de la ley y mantenerse con total impunidad. Gracias a esta situación caótica, la deforestación de la Amazonía es cada vez más grave y el mercurio está deteriorando la salud de la población de las comunidades cercanas a las áreas de minería ilegal. A todo ello se suma el crecimiento de otras economías ilegales relacionadas, como la trata de personas, la tala ilegal y el narcotráfico.
Se calcula que más de 69 mil mineros podrían estar operando en el Perú con total impunidad, pese a encontrarse suspendidos en el REINFO y sin cumplir con las mínimas exigencias ambientales.
La prórroga del REINFO vence a fines de este año y el parlamento tiene pendiente analizar cinco proyectos de ley que pretenden seguir buscando su extensión: 8899/2024-CR, 7462/2023-CR, 9259/2024-CR, 9294/2024-CR Y 9393/2024-CR.
Ante ello, desde el Observatorio de Minería Ilegal (OMI) no solo reiteramos nuestro rechazo a las iniciativas parlamentarias, sino que consideramos fundamental que el Tribunal Constitucional dicte sentencia lo más antes posible y declare fundada la demanda de inconstitucionalidad. Insistimos en nuestro pronunciamiento en contra de la ampliación del REINFO, publicado en enero del 2024.
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