17 de enero del 2024. Las organizaciones abajo firmantes, integrantes del Observatorio de Minería Ilegal-OMI y Actividades Vinculadas en Áreas Claves de Biodiversidad, constituido en respuesta a la amenaza que representa la minería ilegal para el ambiente, la salud e integridad de la población, en especial los pueblos indígenas y la vida silvestre que habitan en las Áreas Naturales Protegidas y Áreas Claves de Biodiversidad, ríos y otros cuerpos de agua, en alianza con otras organizaciones de sociedad civil y personas naturales, hacemos de conocimiento a la ciudadanía lo siguiente:

Rechazamos las propuestas legislativas agendadas para próxima sesión (18 de enero) de la Comisión Permanente del Congreso contenidas en el PROYECTO DE LEY 2519/2021-CR, acumulado a los PROYECTOS DE LEY 02172/2022-CR, 03621/2022-CR y  05171/2022-CR, iniciativas legislativas que pretenden una nueva ampliación del plazo, e incluso que se convierta en algo permanente, para que las personas naturales o jurídicas dedicadas a la pequeña minería y minería artesanal puedan inscribirse en el REINFO. De aprobarse este proyecto de ley, se dilatará una vez más el proceso de formalización minera, generando impunidad al convertir en “informales” a  los mineros ilegales que incumplen con sus obligaciones  ambientales, laborales y tributarias y pasar a ser informales, generando situaciones de impunidad.

La aprobación de esta iniciativa legislativa por parte de la Comisión Permanente del Congreso es de suma preocupación, toda vez que continuar con la reapertura de  la inscripción en el Reinfo favorece a la actividad ilícita mas depredadora de los bosques, de la Amazonía Peruana, y de la biodiversidad, trayendo consigo actividades ilícitas conexas como son la Trata de Personas, el sicariato, la explotación laboral, la evasión de impuestos entre otros.

Esta norma, además, se sumaría a la recién aprobada modificación a la ley forestal –fuertemente cuestionada desde organizaciones indígenas y campesinas, federaciones agrarias y organizaciones de sociedad civil y de la academia e incluso desde la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales– en lo que parece ser una estrategia para legalizar las economías ilegales que destruyen nuestros bosques, violan derechos humanos y derechos indígenas y financian al crimen organizado que está tomando el control del Perú.

En ese sentido, alertamos a todas las autoridades competentes y a la sociedad en general, sobre esta iniciativa legislativa, que pone en riesgo la regulación de la actividad minera de nuestro país, y es un nuevo  intento para debilitar el marco jurídico del proceso de formalización minera.

Por lo expuesto, suscribimos el presente 

Pronunciamiento tanto desde organizaciones de la sociedad civil, como a título personal desde expertos independientes: 

16 de enero  de  2024

 

Organizaciones:

  • Asociación Civil y Ayuda para la Vida Silvestre Amenazada- Sociedad Zoológica de Frankfurt Perú ( FZS)  
  • Asociación para el Desarrollo Integral y Sostenible de la Amazonía Peruana (ADISAP)
  • All Together Voluntariado
  • Bio Laboratorios Unidos S.A.C.
  • Centro de Estudiantes de Derecho (CED UCV)
  • Comisión Episcopal de Acción Social  (CEAS Perú)
  • Comisión para la Adolescencia y Juventud (COALE)
  • Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
  • Eco Consultora Peruana de Servicios Ambientales S.A.C.
  • Estación Biológica Kawsay
  • Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS) 
  • Generación Verde MDD
  • Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales (IRI Perú)
  • Jóvenes Peruanos frente al Cambio Climático (JPCC)
  • Jóvenes Profesionales por el Desarrollo Agrario (YPARD Perú)
  • Juventud, Política y Desarrollo (JPD)
  • Kené Instituto de Estudios Forestales y Ambientales
  • ONG INVESTIGA Perú 
  • Programa ESCAPPATE 
  • Pudú 
  • Red Guardianes de los Humedales (RGDH)
  • Sustainable Developers (SUSDEV)
  • Viernes por el Futuro Perú (VPF Perú)
  • We Can  Be Heroes (WCBH) 

Sociedad Civil:

  • Ana Maria Accilio Villanueva (DNI 75118179)
  • Alexandra Zarate Santos (DNI 73226636)
  • Alberto Riva Vasquez (DNI 70023887)
  • Adrian Huertas Castiglione (DNI 48430263)
  • César Augusto Ipenza Peralta (DNI 40287902)
  • Fabrizzio Giulio Carpena Mannucci (DNI 47772101)
  • Javier Rodolfo Jahncke Benavente (DNI 07261449)
  • Jesús Mauricio Pahuara Arango (DNI  70975711)
  • Kelyn Leonela Labra Panocca (DNI 72515277)
  • Claudia Sully Benavides Castillo (DNI 71466090)
  • María Claudia Marimón Vela (DNI 72353257)
  • María Angélica Villasante Villafuerte (DNI 72186967)
  • Mayra Katherine Dominguez Mendoza (DNI 73606736)
  • Nathaly Garay Rico (DNI 74392204)
  • Laly Lilliam Pinedo Tafur (DNI 01122257)
  • Laura Vargas Valcarcel (DNI 25675464)
  • Lucila Pautrat Oyarzún (DNI 09670957)
  • Luis Alfonso Castro Quijano (DNI 71744279)
  • Richardson Yucra Marure ( DNI 41986876)
  • Roger Allanpol Nina Tueros (DNI 72188485)
  • Soleil Kamitto Nuñez Pumacallahui (DNI 76483563)
  • Sebastian Salazar Requejo (DNI 75663337)
  • Victor Agustin Altamirano Panduro (DNI 73332130)

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